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Fútbol, política y corrupción
  UPYDLasNavas  | 25 de enero de 2014

Un representante público tomó en cierta ocasión un taxi para ir a un lugar cercano a la carrera de San Jerónimo, en Madrid. El taxista preguntó a su cliente si no le importaba que en el asiento delantero les acompañara un familiar. El representante accedió y se entabló entre el conductor y el familiar una conversación que tenía como tema el mundo del fútbol, no tanto los resultados o las variantes tácticas como algunos aspectos adyacentes. Hacia el final de la trayecto, cuando pasaban junto al Congreso de los Diputados, el taxista dijo: "ahí no entraba yo ni loco, son todos unos ladrones", a lo que el copiloto manifestó su adhesión.

La corrupción política en democracia es gravísima, porque sucede en un ámbito que no puede resistirla demasiado tiempo. En el fútbol, donde la corrupción es sencillamente la norma, los ciudadanos conviven con ella con naturalidad. Una lista de los presidentes de clubes de primera y segunda condenados por los más diversos delitos ocuparía casi todo este editorial. Estos dirigentes ponen la institución que presiden (y de la que a veces son propietarios) al servicio de sus actos criminales, sin que parezca preocupar a sus cientos de miles o millones de aficionados. Se oirá que tal o cual partido político es una cueva de ladrones, pero jamás se oirá algo similar de un club de fútbol (salvo que se trate, quizás, del ’eterno rival’).

Si se da esta asimetría tan peligrosa es también culpa de los partidos políticos tradicionales. Los clubes de fútbol y sus dirigentes forman parte del establishment español. Se dejan ver con los políticos, de los que en ocasiones son amigos. Les invitan a los palcos, a sus fiestas, a sus yates. Y a cambio obtienen un trato preferencial. La Comisión Europea investiga a varios clubes españoles por recibir subvenciones ilegales. El Valencia ha recibido ayudas públicas cuando ya estaba en quiebra, y se da la circunstancia de que ahora pertenece a su principal acreedor, que no es otro que Bankia. Dado que Bankia pertenece al Estado, todos los españoles deberíamos ser valencianistas. Es nuestro equipo, literalmente.

Las operaciones inmobiliarias del Real Madrid con el Ayuntamiento de la capital (en tiempos, sobre todo, de Gallardón) ya fueron denunciadas en su día por [fuchia]UPyD[/fuchia] y han merecido la atención de Bruselas. Los lazos del presidente blanco, Florentino Pérez, con ciertos políticos españoles no son ningún secreto. El caso del FC Barcelona es más rico en matices. También se investiga su acceso a subvenciones públicas, pero lo que está fuera de toda duda es que se ha convertido en la principal máquina de propaganda del nacionalismo y del independentismo catalán. Al servicio de unos intereses políticos, sus últimos presidentes han querido vender un paraíso de centrocampismo y valores morales que choca con el escándalo del fichaje de Neymar o el del fraude fiscal de Messi. Quisieron contarle al mundo que Cataluña es como el Barça: pura y moderna; y resulta que a lo que más se parecen es al Madrid y al resto de España.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Ángel Torres, dueño del Getafe, habrían comparecido en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la sospechosa venta de sus derechos televisivos si el PP no hubiese vetado la petición de [fuchia]UPyD[/fuchia]. Cerezo aparece además vinculado al ático marbellí de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Precisamente en Marbella es donde José María del Nido, máximo dirigente del Sevilla, cometió los delitos por los que ha sido condenado recientemente. Y si seguimos haciendo memoria encontraremos decenas de casos. No es que no haya presidentes íntegros, pero parecen ser la excepción. Y en modo alguno estas excepciones son mejor tratadas por los gobernantes.

Es evidente que el bipartidismo siente pánico cuando tiene que enfrentarse con los clubes. Desde que en el año 95 el gobierno de España facilitó que se adulterara la liga para que Celta de Vigo y Sevilla no tuvieran que descender de categoría pese a lo que decía la ley, la política rinde vasallaje al fútbol y al poco ejemplar empresariado que mueve sus hilos. Las deudas de los equipos - la mayoría en quiebra a pesar de las generosas ayudas - tienen con Hacienda son astronómicas, sin que se haga por cobrarlas ni la mitad del esfuerzo que se practica con cualquier pequeña empresa. Los políticos de los viejos partidos llevan la penitencia en el castigo: mientras a los clubes y a quienes los dirigen se les perdona todo (menos perder tres partidos seguidos en casa), a ellos se les tacha de estafadores aunque no estén implicados en ningún caso.

Desde luego, los aficionados al fútbol deberían revisar su escala moral. Pero el bipartidismo tiene la obligación inmediata de cumplir su deber y eliminar cualquier trato de privilegio, para lo que deberían empezar por practicar una completa auditoría a los clubes, tal y como ha pedido al Gobierno [fuchia]Unión Progreso y Democracia.[/fuchia]


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