Tras el referéndum llevado a cabo en Reino Unido, el pasado mes de junio, sobre la permanencia de este país dentro de la Unión Europea (UE) venciese con el 51,9% de votos a favor del Brexit, frente al 48,1% de votos a favor de permanecer, tal y como se diagnosticaba las cosas han cambiado para toda aquella persona nativa o no de este país.
Los primeros inconvenientes han sido para compañías españolas, tales como ACS, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Mahou, Mapfre, Santander o Telefónica, que han invertido cerca de 60.000 millones de euros en Reino Unido. Es decir, debido a la depreciación de la libra que ha bajado un 20% en el último año, supone unas pérdidas de hasta 4.000 millones de euros para estas empresas.
Y no todo queda aquí, hace dos semanas, la Ministra del Interior, Amber Rudd, declaraba “que la gente que viene cubre huecos en el mercado laboral, en lugar de quitar trabajos que pueden hacer los británicos.” Así, han obligado a las empresas británicas a realizar listas de trabajadores extranjeros.
La decisión, no solo afecta al ámbito del trabajo, sino que también se ha visto involucrado el educativo, donde el Gobierno busca reducir la cifra de estudiantes europeos en sus aulas. De esta forma, el Ejecutivo británico destinará 140 millones de libras (unos 158,7 millones de euros) a poner barreras fiscales a los extranjeros que quieran trabajar en este país.

Actualmente, en Reino Unido viven 3 millones de extranjeros; mientras que 1,5 millones de ingleses residen fuera de su país nativo.
Por su parte, el Partido Laborista y la Cámara de Comercio ven la decisión de Theresa May como una forma de fomentar “la xenofobia y el racismo.” Por ello, el futuro de los ingleses como el de muchos europeos se encuentra en una incertidumbre pendiente de que sucederá, hasta la fecha del proceso formal de salida de la UE en marzo de 2017, abriendo un periodo de negociación de dos años.