“Más vale tarde que nunca…” Pero, ¿por qué esperar a que sea tarde? ¿Por qué esperar a que a los 40.000 desahucios que se han ejecutado desde 2007 se sumen 18.668 hasta junio de 2012?

En diciembre de 2011 el Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición No de Ley para considerar la dación en Pago como solución a la dramática situación de quienes no pueden hacer frente a las hipotecas. En febrero de 2012, en la Diputación Provincial de Ávila se aprobó una moción conjunta solicitando la Dación en Pago como regla de extinción del crédito hipotecario.

No se trata ahora de reconocer y de congratularnos de que todos los grupos políticos representados en la corporación provincial aceptaran instar al gobierno de la nación a que procediera a modificar la Ley Hipotecaria con el fin de que las entidades financieras se vieran obligadas a ofrecer sus productos hipotecarios en los que la garantía se limitara al bien hipotecado. En todo caso, se trata de admitir que aprobar en pleno una moción con estos fines no es suficiente, sino de que las instituciones públicas, los bancos y la sociedad –pues todos somos parte de ella- reconozcamos que en un país con un 25% de paro, una economía en recesión, el aumento del pago de impuestos, la sucesión de huelgas y manifestaciones de distintos grupos y sectores sociales, los recortes que de mes en mes van empobreciendo el estado de bienestar, no se puede esperar al suicidio como solución desesperada ante un desahucio. No se puede seguir dando largas a uno de los problemas más graves de un país que llegó a estar entre los diez más desarrollados de Europa antes del inicio de la crisis.

Gobernar con sentido común significa atender a los problemas de los ciudadanos y no enarbolar cada dos por tres la socorrida frase “por el interés general del conjunto de los españoles” o similares que, en el fondo, no dice absolutamente nada. ¿Cuál es el interés general del conjunto de los españoles? El sentido común indica que no hace falta ni siquiera plantearse la pregunta, puesto que está declarado en la Constitución que cada español tiene derecho a una vivienda digna… Pero, a estas alturas, con que se pudiera ejercer el derecho a una vivienda, sin más adjetivos, sería suficiente.
Mientras, siguen las declaraciones en la Audiencia Nacional del caso Bankia. Esta vez Mercedes Rojo-Izquierdo explica al juez Fernando Andreu que no tenía conocimientos para ocupar responsabilidades como parte de la Comisión de Auditoría del BFA, aunque no renunció a los 144.000 euros que cobró en 2011 entre dietas y remuneraciones por pertenencia a comisiones.

¿La sociedad tiene que admitir que tengan lugar casos como este –entre otros tantos similares–, que el estado inyecte dinero para rescatar bancos y que esas mismas entidades terminen arrojando a la calle a miles de familia porque no pueden hacer frente a los pagos, aun cuando los bancos han sido rescatados con dinero público?
Mientras, el descontento sigue en aumento, la indignación se expresa de muy distintas maneras: manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, quema cajeros automáticos, estudiantes en huelga por el derecho a una educación con calidad…
¿Esperaremos a que los asaltos callejeros, y a supermercados y los atracos sean el pan nuestro de cada día para que el PP y el PSOE tomen medidas urgentes? ¿Vamos a llegar al extremo de gobernar por la vía de urgencia?
A Amaya Egaña le llega tarde esta ley de urgencia.