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La reforma de la Administración Local: otra oportunidad perdida
  UPYDLasNavas  | 19 de febrero de 2013

Fusión de municipiosTras meses de demora, el Gobierno ha anunciado por fin su reforma de la Administración Local. Lo que se ha conocido (y que podría no estar aprobado hasta el próximo otoño) tiene dos graves problemas: por una parte, un diseño poco ambicioso y, en algunos aspectos, contraproducente; y por otra, lo que es ya una constante en el Ejecutivo de Mariano Rajoy: la falta de credibilidad que afecta a algunas propuestas que podrían ser positivas.

En lugar de poner en marcha un proceso de fusión municipal y de eliminación de las diputaciones provinciales, que es lo que realmente modernizaría el mapa municipal español, el Gobierno ha hecho lo que mejor se le da: anunciar una serie de reformas parciales que son, ante todo, una oportunidad perdida.

A lo largo de los últimos años se ha construido un consenso que establece el tamaño mínimo eficiente de un municipio en 20.000 habitantes, cifra que ya constaba en el estudio de Unión Progreso y Democracia sobre la Administración Local y que el Gobierno parece hacer suya. Lo que verdaderamente supondría una revolución sería fusionar los ayuntamientos que presenten una población inferior para lograr unas auténticas economías de escala y una eficiente prestación de servicios. Una vez producida esta fusión, las diputaciones provinciales perderían la única justificación que son capaces de dar sus defensores. Es una administración muy poco eficiente y que presenta un déficit democrático, al no ser sus representantes elegidos de forma directa.

En cambio, la reforma del Gobierno potencia las diputaciones, algo muy poco oportuno dada su falta de transparencia. Además, se anuncia a que el 82% de los concejales y alcaldes no tendrá sueldo. Lo cierto, es que no es un aumento importante, porque la mayoría de ese 82% ya carecía de sueldo fijo. En cambio, perciben dietas por los plenos a los que asisten. Del control de esas dietas no hay noticias. Es de celebrar que se quiera poner coto al personal elegido ’a dedo’ en los ayuntamientos. Hasta ahora, el PP no ha hecho gran cosa por reducir esta partida. Incluso, la alcaldesa de la capital de España pierde los papelescuando el concejal de UPyD David Ortega le hace una lista de los familiares de dirigentes populares que cobran un sueldo como cargos de confianza.

En relación con los sueldos, el Gobierno ha tenido a bien fijar una suerte de baremo que fija el sueldo máximo de un alcalde en el que percibe un secretario de Estado (unos 100.000 euros anuales). Aquí hay que reconocer el valor del Ejecutivo. Cuando UPyD pidió algo parecido en el Congreso de los Diputados, tuvo que soportar los insultos del resto de los grupos, incluidos los del PP. Si los portavoces ’populares’ aún no han llamado populista y demagogo a su propio gobierno es sin duda porque la reforma se anunció al filo del fin de semana. Aunque quizás la ausencia de reacción se deba a que UPyD pedía una regulación de todos los sueldos públicos, incluyendo los de todas las administraciones, y que un alcalde de una capital de provincia no pueda ganar más que el presidente del Gobierno. Cosa que seguirá ocurriendo con la medida anunciada.

La reforma incluye la revisión de las competencias de los ayuntamientos, una reivindicación clásica de UPyD. Las duplicidades y hasta ’triplicidades’ nos cuestan lo que no tenemos. Su eliminación debería analizarse a la vez en los tres niveles de la administración, y no limitarse al local. Además, el PP ha sido hasta ahora muy reacio a eliminar estas duplicidades más allá de grandilocuentes declaraciones de algunos de algunos de sus líderes. Habrá que ver cómo se concreta este aspecto fundamental de la reforma.

El reforzamiento de los mecanismos de control y de penalización para los ayuntamientos que no rindan cuentas adecuadamente o que no cumplan lo dispuesto en la ley, son buenas intenciones que, a la luz de los hechos de este gobierno, sólo podrán creerse cuando se hagan realidad. Por supuesto que es necesario reforzar la independencia del cuerpo de interventores del Estado (a la vista están los resultados de su labor). Pero no sólo eso. ¿Qué hay del Tribunal de Cuentas? ¿O de las Cámaras de Cuentas autonómicas? También ellos supervisan y controlan, y es ya un lugar común que están ampliamente politizados a través de un sistema de cuotas que sirve a los partidos tradicionales para ocultar sus desmanes. ¿Y qué hay de la Justicia, que es quien tiene que intervenir cuando los desmanes devienen corrupción? ¿No deben reforzarse también su independencia y sus medios materiales?

El ahorro esperado por el Gobierno con estas medidas es de 7.000 millones para el periodo a 2013 a 2015. UPyD estima que una reforma a fondo incluyendo la fusión de municipios y la eliminación de diputaciones podría suponer reducir el gasto en más de 15.000 millones al año. Es una reforma que han llevado a cabola mayoría de los países europeos tras la posguerra mundial y que sólo puede descartarse desde el prejuicio identitario o desde la defensa de intereses particulares. Que son, desgraciadamente, los principios que más han condicionado la política española desde 1978.


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