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upyd.es. Editorial
Democracia sin ley: el paraíso nacionalista
  UPYDLasNavas  | 9 de mayo de 2013

"Pedimos que la ley no se use para hacer frente a la democracia". Esta frase que Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, repetía durante la última campaña electoral, resume a la perfección la naturaleza del soberanismo y, en el fondo, la de todo nacionalismo. Para los Mas, Jonqueras, Bosch, Pujol y otros, ley y democracia son dos conceptos que circulan por separado. Si se encuentran en una vía estrecha, la segunda tendrá prioridad sobre la primera. Una democracia sin ley, a esto aspiran las élites del catalanismo. Pero que no se entusiasmen los anarquistas ni los idealistas asamblearios: en el futuro paraíso catalán la ley será optativa para los profetas de la nación, pero no para el común de los mortales. ¿O puede alguien creer que la rancia burguesía que encarnan dichos profetas va a poner en riesgo su paz de espíritu?

Que el Tribunal Constitucional congele la ridícula declaración soberanista del Parlament mientras la estudia, es lo que cabía esperar, aunque dados los antecedentes no podía darse por hecho. Que el gobierno catalán se declare insumiso, también era lo predecible, dado que sólo acata las sentencias que le gustan. Para el nacionalismo, el pueblo y su voluntad son la excusa perfecta para sustraerse al imperio de la ley. Como esa voluntad popular no se escucha siempre con la nitidez necesaria, los líderes de CiU y ERC ejercen de intérpretes como los sacerdotes de cualquier culto hacen con la voz de Dios.

Esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, el representante de ERC Alfred Bosch presentó una moción sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña. Así se llamaba. El contenido de la iniciativa, sin embargo, cuestionaba las investigaciones policiales realizadas acerca del sospechoso enriquecimiento de ciertas familias nacionalistas. Para Bosch, el imperio de la ley y la acción policial no son valores democráticos. Rosa Díez, portavoz de UPyD, le reprochó justamente que quisieran erradicar el Estado de derecho, y subrayó la similitud que su nacionalismo tenía con una religión. ¿Qué ley puede estar por encima de la divina?

A Artur Mas se le comparó con Moisés por su cartel electoral en el que abría los brazos como ordenando al Mar Rojo que separara sus aguas. El lema era, precisamente, la voluntat d’un poble. Se dijo entonces que Mas pretendía conducir al pueblo elegido hasta la tierra prometida. Esto es injusto con la ambición de su independentismo. La tierra prometida se le queda pequeña: es el paraíso lo que persigue. Un paraíso económico, en el que la bancarrota se solucionará por arte de magia; un paraíso nacional, donde la identidad florecerá por fin y todos serán uno; un paraíso fiscal, para evitar tanto viaje a Suiza; y, por fin, un paraíso penal, donde no llegue la Udef y los profetas gocen de la paz que proporciona la impunidad.

Y mientras se desarrolla este delirio que pervierte la lógica de la democracia, mientras unos gobernantes autonómicos mienten a los ciudadanos diciendo que puede haber democracia sin ley, el presidente del Gobierno de España llama demagoga y sectaria a Rosa Díez por exigirle que controle el destino que la Generalitat da al dinero del rescate autonómico; y por criticar que las ’embajadas’ catalanas difamen a España al mismo tiempo que el Estado - es decir, que el conjunto de los españoles - se hacen cargo de los bonos llamados patrióticos que la administración catalana no puede pagar.

Los ciudadanos catalanes "no tienen por qué pagar las políticas de sus gobiernos", dijo Rajoy a Díez. Como si sólo pagaran los ciudadanos catalanes. Lo pagamos todos. Y todos - los españoles de todas las regiones - seguiremos pagando si el Gobierno renuncia a actuar y sigue permitiendo e incluso incentivando el despilfarro irresponsable, y no digamos ya el debilitamiento del propio Estado y de la imagen de España. Si Rajoy quiere ayudar a los ciudadanos de Cataluña y de paso a todos los demás, que demuestre que existe un Gobierno dispuesto a usar su autoridad para garantizar que los dineros públicos van a pagar educación y sanidad, y no a financiar las aventuras políticas de unos irresponsables.


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